Ante la dilación en el tiempo de la comunicación
oficial a la opinión publica de los estudios de georradar en Vega Baja, con vistas a confirmar o/y ampliar la
identificación de restos arqueológicos existentes en la zona, la “Plataforma
Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura” hace un llamamiento a través de
esta comunicación al Ayuntamiento de Toledo y a la Consejería de Cultura de la Junta
de Comunidades de Catilla-La Mancha para solicitar que se haga público en el
más breve espacio de tiempo los resultados del este estudio que, según
informaciones filtradas por la prensa, vendrían a confirmar lo denunciado
retiradamente por esta plataforma de que el yacimiento Vega Baja se extiende
más allá del espacio que actualmente está catalogado como BIC y, por lo tanto, hace
inviable la construcción del Cuartel en una parcela de la Vega Baja, no sólo
por la existencia de restos arqueológicos, ya conocidos y ahora reconfirmados, sino
por hallarse en zona de protección de paisaje, y no reunir condiciones de
operatividad y de seguridad para la propia instalación y su entorno
residencial. Como tampoco sería viable la ubicación del Cuartel en la Peraleda,
donde también existen ámbitos de prevención y protección arqueológicos
documentados en la Carta Arqueológica de la Ciudad de Toledo, sin contar con la
probable existencia de más restos no recogidos en la misma y que, además,
cuenta con idéntica protección de paisaje a la de la Vega Baja, a diferencia de
otras posibles y alternativas ubicaciones, incluso ya consideradas
anteriormente por la administración.
Esta solicitud se hace de acuerdo con los principios
de la “Ley de Transparencia” que compromete a las instituciones públicas, en
este caso el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades como autoridades
competentes en la materia, a hacer pública la información que se demanda,
pagada con dinero de todos, que, al parecer, confirma lo ya sabido, y por lo
tanto, con un innecesario coste añadido que podría haber sido utilizado para
avanzar en el proceso de excavación, conservación y puesta en valor de los
restos existentes y negados obstinadamente en declaraciones públicas por el
Ayuntamiento, e incluso a instancias del mismo, por el embajador de España ante
la UNESCO. En ambos casos, sin fundamento y argumentación alguna, y lo que es
peor, sin atender razones de los expertos que insisten en la necesidad de
respetar las normas legales de protección de la zona desde 1940 y 1968,
recogidas en la documentación de la que el Ministerio de Cultura se sirvió para
declarar Toledo como Patrimonio de la Humanidad, en el Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de 1986 y en el Plan Especial del Casco Histórico, además de lo contenido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español de 1985 y en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha de 2013.
Por otro lado, esta solicitud de información ha de ser
entendida en el contexto de las denuncia por Expoliación presentada por la plataforma
“Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura” ante el Ministerio de Cultura,
de acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Patrimonio Histórico Español, y de
la denuncia ante la UNESCO en Paris, todo ello por vulneración de las normas de
protección de paisaje, por los daños provocados en Vega Baja por las
actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, y por los
riesgos derivados de las previsiones oficiales de urbanización en este espacio
y en su prolongación por la Peraleda, al otro lado del río. Entre los riesgos
denunciados se incluyen, además del Cuartel, la consolidación de aparcamientos
sobre restos arqueológicos, las 1.300 viviendas planificadas sobre el BIC de
Ampliación Vega Baja, a pesar de declaraciones de no ejecutarlas (ya que la Modificación
Puntual 28 sigue en vigor, y las palabras se las lleva el viento), las 300 viviendas
en el antiguo camping del Circo Romano, y las 98 en el entorno de la ermita del
Cristo de la Vega, junto con otros usos dotacionales y terciarios, todas ellas contempladas
por la Modificación Puntual 28 del vigente PGMOU de 1986, actualmente en vigor,
y las 5.300 viviendas previstas en la Peraleda por la Modificación 29,
pendiente de definitiva aprobación.
A todo lo anterior, se añade la incertidumbre para los
valores patrimoniales de Toledo que generan las noticias contradictorias sobre
un inconcreto Plan Especial en la zona, con olor a desarrollo urbanístico
en lugar de protección como exige la ley, y un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM),
todo llevado en el mayor secretismo y sin debate previo sobre el modelo
de ciudad, con el riesgo de consolidar los criterios urbanísticos que llevaron
a desproteger suelos que antes estaban protegidos, vulnerando el principio
legal de no regresión, y a originar una “ciudad archipiélago”, de barrios
inconexos y separados entre sí por vías rápidas de circulación. Sin olvidar que
esos mismos criterios municipales han condenado al Casco Histórico a su
transformación en un parque temático para el turismo, vaciado de servicios para
las necesidades de su población, sin plan alguno de recuperación y
revitalización residencial y funcional, a pesar del Plan Especial del Casco
Histórico de 1997, que, por cierto, ha dejado patentes sus carencias e
insuficiencias en este sentido.
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