El Ayuntamiento de Toledo deniega una licencia de obras a un particular en el Poblado Obrero por "haberse producido el hallazgos de restos arqueológicos". ¿Si llega el momento, tendrá el mismo trato la obra pública del cuartel?

M.Antonio Zárate Martín

Isabelo Sánchez Gómez

Miembros de la plataforma "Toledo. Sociedad, Patrimonio y Cultura"

            El inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (antiguas Cartas Arqueológicas), reúne todos los bienes culturales existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, para los cuales se establece un ámbito de protección y de prevención. De la tutela de estos bienes es responsable la consejería competente de la administración regional.  Esta información debe ser tenida en cuenta en el planeamiento urbanístico, cuya redacción y gestión es competencia municipal. También es competencia municipal el otorgamiento de licencias de obra. En consecuencia, cuando alguna solicitud de licencia se pretende realizar en un espacio que se encuentra en el inventario reseñado, la administración local debe informar al promotor que se requiere una autorización de la Consejería competente en Patrimonio Cultural, previa a la concesión de la licencia, que implica la realización de un estudio redactado por técnico competente, en base al cual se podrá autorizar o denegar la intervención, y/o establecer condiciones.

La zona de Vega Baja había permanecido relativamente tranquila, después de lo sucedido en 2006, hasta que el gobierno municipal actual, en el año 2017 inició la urbanización de la Unidad de Actuación 34 en la Avenida de América, que incluía la construcción de 4 bloques con 86 viviendas. Esta actuación tiene lugar casi simultáneamente a la anulación por la justicia del Plan de Ordenación Municipal de 2007, un más que polémico documento urbanístico que permitía tales construcciones. Desde entonces, todo se ha acelerado en este espacio.  La Modificación Puntual 28, aprobada por el Ayuntamiento y la Junta, ha recuperado las 1.698 viviendas, y usos dotacionales y terciarios que contenía para este espacio el POM invalidado, poniendo de nuevo en el centro de la polémica las posibles destrucciones arqueológicas y la conservación del paisaje protegido desde 1968. La polémica más reciente se encuentra en el acuerdo, promovido por la administración local, para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil entre las avenidas del Coronel Baeza, Lorenzo de la Plana y Más del Ribero.

Según los responsables políticos, es posible construir en Vega Baja, sobre todo si se hace en las zonas externas al Bien de Interés Cultural, y respetando la legislación patrimonial. Recordemos que una amplia proporción de ese espacio goza de la máxima figura de protección patrimonial. En 2006, debido a la importancia de los restos arqueológicos aparecidos con ocasión de las excavaciones para el proyecto urbanístico Vega Baja I, donde se pensaban levantar 1.300 viviendas, el presidente Barreda anuló dicha intervención e inició los trámites para ampliar a este espacio el anterior BIC arqueológico, que afectaba al entorno del Circo Romano. El nuevo BIC incluyó todo el espacio del proyecto urbanístico que ponía en riesgo los restos aparecidos, que se revelaban como toda una ciudad, es decir un conjunto. En 2008 se terminó el procedimiento, aunque, de forma absurda y anticientífica, se ajustó la línea o límite de protección a la línea del proyecto constructivo, dejando fuera de él un amplio espacio sin esta protección. Recordemos que, a principios de la década de los 2000, cuando empezaron a aparecer restos arqueológicos por toda la extensión de la parcela, los responsables políticos de entonces, como los de hoy, también defendían que se iba a cumplir la ley, como no puede ser de otro modo, pero con aquel respeto a las disposiciones existentes en el momento faltó muy poco para que desapareciera el yacimiento, al no ser considerado una “unidad” o “conjunto”. Hoy, lamentablemente, se va por el mismo camino.

Se conoce el potencial arqueológico del sitio desde el siglo XVI y, principalmente a partir de los 1990, cuando se producen numerosas excavaciones arqueológicas con metodología científica, que sacan a la luz innumerables restos del pasado. La confirmación de esta evidencia se produjo, como hemos visto, con el desarrollo del proyecto Vega Baja I, donde la realización, primero de sondeos por toda la parcela, y posteriormente de excavaciones arqueológicas, mostraron un urbanismo complejo que se extendía por todas partes, y que motivó la paralización del proyecto urbanístico. En el año 2009 se realizaron una prospección geofísica y sondeos de verificación en las zonas externas al BIC, mostrando, como era de esperar, los mismos restos análogos que aparecían a tan sólo unos metros. Luego, con la crisis económica, todo quedó paralizado, hasta 2017, cuando se reactivó el urbanismo en la zona y se procedió a la urbanización y a la construcción de dos de los cuatro bloques previstos en la Avenida de América, con la identificación de restos del pasado que no impidieron la autorización de la obra. Al no estar dentro de un BIC, el espacio afectado fue tratado como un yacimiento distinto, bajo el sistema de tutela patrimonial, lo que permitió autorizar las obras, pegando un “bocado” más al yacimiento de Vega Baja, y, sobre todo, provocando daños a un paisaje legalmente protegido, con reducción de la silueta de la ciudad histórica desde el lugar, como evidencia cualquier análisis geográfico de cuenca visual.

Ante el anuncio de la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, la plataforma "Toledo. Sociedad, Patrimonio y Cultura", otras organizaciones defensoras del patrimonio y muchas personas, a título individual, nos hemos posicionado en contra de su ubicación en el lugar, por considerar que existen otros lugares para su instalación sin afectar al patrimonio, al paisaje protegido y a previsibles restos arqueológicos según evidencian las excavaciones en su entorno y las prospecciones del año 2009. No obstante, el gobierno municipal mantiene su empeño en la construcción del cuartel en la Vega Baja, eso sí, afirmando el cumplimiento y respeto de la legislación patrimonial, lo que supone una obviedad puesto que la ley obliga a todos. Sin embargo, en este contexto, respetar la legislación patrimonial, como se ha expuesto antes, no garantiza la protección del yacimiento, y nos aboca a la misma situación de 2006. Casualmente, en aquel momento, las declaraciones de los políticos y ciertos círculos empresariales eran idénticas a las de ahora. Con la legislación patrimonial en la mano, y respetándola, se habría destruido entonces todo el yacimiento, porque se desconocía que lo que había debajo era extenso, no restos aislados. Ahora, tenemos una zona declarada BIC y otra no, pero que indudablemente corresponde al mismo yacimiento, con lo que la primera parte tiene mayor posibilidad de perdurar que la segunda, por más evidente que sea su pertenencia a un mismo conjunto. De todos modos, al conocerse, o por lo menos haber sospecha fundada de que el yacimiento se prolonga más allá de la zona declarada BIC, si no se aborda una prospección sistemática de todo el espacio Vega Baja para conocer la realidad arqueológica existente, antes de cualquier nueva construcción, se podría incurrir en  delito de expoliación, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, añadiéndose a lo ya denunciado por la plataforma “Toledo, Patrimonio, Sociedad y Cultura” ante el Ministerio de Cultura. 

El Acta de la Junta de GobiernoLocal de Toledo del 15 de enero de 2020 recoge la denegación de licencia de obras (página 5 y 6) a un particular en el Poblado Obrero por posible afección a restos arqueológicos. El sitio se encuentra apenas a 50 metros de donde se quiere construir el cuartel de la Guardia Civil, lo que  viene a aportar mayor justificación a la argumentación de que la ubicación elegida por el Ayuntamiento para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil no es la correcta. La denegación de licencia al particular se ha producido tras la aparición de restos arqueológicos en la parcela afectada y en cumplimiento de lo establecido para toda intervención en el ámbito de protección A.1 “Reconquista-Vega Baja”, y lo previsto en los artículos 27 y 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En concreto, se cita una resolución de la Vicenconsejería de cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 11 de diciembre de 2019, y se concreta en  "el hallazgo de restos arqueológicos en la zona de jardín que podrían verse afectados de manera irreversible por dichas obras". Con el precedente de esta denegación no dudamos de que el Gobierno regional y el Ayuntamiento procederán con el mismo rigor en la aplicación de la normativa vigente al Cuartel, donde por su extensión y proximidad al yacimiento Vega Baja, y en base a las prospecciones de 2009, es más que probable la aparición de restos arqueológicos. Seguramente hay que entender en ese contexto las recientes declaraciones del presidente Emiliano García Page “sobre la realización de una radiografía exhaustiva de Vega Baja para identificar la totalidad de sus vestigios arqueológicos”. Además, con eso se prevendrían apercibimientos en este sentido desde el Ministerio de Cultura y se cumplirían las obligaciones con la UNESCO, entre ellas las referentes al paisaje, que de no cumplirse podrían llevar a incluir Toledo en la lista del patrimonio mundial en peligro.

Ante esta situación y con el ejemplo de la no concesión de licencia de obras a un particular en la zona para prevenir daños arqueológicos, ¿no sería preferible facilitar la construcción del cuartel, que nadie cuestiona, en una ubicación no lesiva para los valores patrimoniales, tanto del pasado como paisajísticos? De ese modo se evitaría, además, generar inseguridad ante amenazas terroristas para poblaciones próximas a esta nueva instalación, al lado del poblado obrero y con un colegio público a escasa distancia, y mejorar los accesos de dicha instalación.

Confiamos, pues, que la denegación de licencia de obras comentada a un particular por el Ayuntamiento anticipe su decisión de facilitar una ubicación al cuartel fuera de la Vega Baja. Esperamos que sea, además, una prueba de recuperación de su sensibilidad por la conservación y puesta en valor del patrimonio,  del medioambiente y el paisaje, cuyas carencias han obligado a diferentes movilizaciones desde ámbitos de la opinión pública y la participación social e individual, siempre bajo el único motivo de la responsabilidad personal y el compromiso con exigencias de respeto a valores que son de todos y que constituyen  parte de la identidad colectiva de Toledo y de su proyección en el mundo como “Ciudad de Valor Universal Excepcional”.

Lugar de la denegación de licencia de obras por parte del Ayuntamiento, en conformidad con lo señalado en la resolución de la Viceconsejería de Cultura de 11 de diciembre de 2019