Legalidad Vigente y Vega Baja de Toledo

M. Antonio Zárate Martín

Geógrafo

En los últimos tiempos abundan noticias sobre la Vega Baja que manifiestan desorientación y falta de

criterio municipal respecto a esta zona de la ciudad, si no son simples formas de distraer para justificar la construcción de viviendas. Se trata de una actitud análoga a la demostrada en Safont, con propuestas cambiantes, sin otra visión que construir el ferial liberando suelo de la Peraleda para su urbanización. En todo caso, se revela la falta de proyecto de ciudad y escaso respeto por el marco legal que condiciona el desarrollo de una ciudad “Conjunto Histórico” en fecha tan lejana y temprana como 1940 y “Patrimonio de la Humanidad” en 1986.

La situación de conflicto de la Vega Baja empieza con la cesión por el Ministerio de Defensa de la Fábrica de Armas al Ayuntamiento en 1997, la decisión de urbanizar la zona con participación de la EMV y la venta de terrenos a promotores particulares. A partir de entonces, se diseñan unidades urbanísticas de complicada ejecución por la existencia de 4 BIC, vestigios arqueológicos y hallarse en una zona de protección de paisaje. Por eso la UA Vega Baja, la UA Circo Romano y la UA Cristo de la Vega no han podido llevarse a cabo, por más que fueran integradas en el POM de 2007 y la Modificación 28 del PGMOU de 1986 las haya recuperado. De aquello, sólo se ha desarrollado la UA-34 Ampliación de Santa Teresa II, con bloques de más de 5 plantas sobre rasante que reducen la vista del casco histórico y cuyo impacto denuncia el reciente Informe de ICOMOS. Todo lo demás permanece como en 1997 pero con importantes “mordidas” al paisaje.

Bloques en construcción en Santa Teresa, en la UA 34, en pleno yacimiento arqueológico y atentando gravemente contra el paisaje

Hoy son muchos los que califican la Vega Baja de “erial”, aunque técnicamente es un “barbecho urbano”, un espacio en abandono a la espera de plusvalías que impulsen la edificación y otros usos intensivos del suelo. La prolongación en el tiempo de esta situación viene motivada por una administración que ha centrado su interés en la construcción de viviendas, salvo el corto paréntesis siguiente a la paralización del proyecto Vega Baja por el presidente Barreda en 2006. En la actualidad, la Modificación 28, aprobada definitivamente por la JCCLM en diciembre de 2018, mantiene la previsión de más de mil viviendas y el Ayuntamiento sigue sin respetar y armonizar las dos fuentes de derecho para toda ciudad “Conjunto Histórico”: la legislación del Suelo y Ordenación del Territorio, y la de Patrimonio. En nuestro caso, la administración prioriza la primera, aunque eludiendo las referencias al paisaje en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (Art. 5f, 6d, 29b, 79b, 195.3) y en todas las leyes estatales, desde la primera, de 1956, a la actual, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015. Y lo que es aún más importante, se deja en segundo lugar la legislación de Patrimonio, ignorando contenidos de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 2013. Precisamente, el Ayuntamiento y la JCCM se están viendo obligados a responder ante el Ministerio de Cultura por la falta de respeto de la legislación de Patrimonio en la Vega Baja y las amenazas que suponen las modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986 para ese entorno y La Peraleda. Además, todo eso supone el incumplimiento del Artículo 46 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

Por otra parte, y en relación con lo dicho, la solución al caos de la Vega Baja exige “la ampliación del Centro Histórico” (Art. 15.3 de la Ley del PHE de 1985) a las vegas, la Alta y la Baja, como partes indisolubles de la historia de nuestra ciudad y de su calificación como “Patrimonio de la Humanidad” en 1986 y “Ciudad de Valor Universal Excepcional” en 2013. No se trata de una propuesta insólita, es lo habitual en circunstancias semejantes y con numerosos antecedentes, Almadén en 2018 es uno de ellos, pero los ejemplos se multiplican por la geografía española y fuera de nuestro país. Sólo entonces, ampliada la delimitación del “Centro Histórico” e identificados todos los vestigios arqueológicos de la Vega Baja, sería el momento de hablar de un “Plan Especial”, si bien dentro de la legislación de Patrimonio (Art. 20.1 de Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985 y Art. 39.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha) y no manejando este concepto de manera difusa, en la que cabe todo. Tampoco hay que olvidar que cualquier modificación ha de ser comunicada a ICOMOS, lo que no se ha hecho en la Vega Baja y con las modificaciones 28 y 29.

Como vemos, el desorden de la Vega Baja es fundamentalmente el resultado de acciones que han facilitado la construcción de la Consejería de Obras Públicas, nuevos viales, la ocupación de zonas próximas al río en San Pedro el Verde y en el nodo Norte. También es consecuencia de herencias de finales del XIX y principios del XX junto al Circo Romano y Cristo de la Vega, pero sobre todo, de no respetar la legislación de Patrimonio y protección de paisaje, lo que motivó la denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura de miembros de la plataforma “Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura”, conforme al Art. Octavo, 1, de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985: “Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone”.

En conclusión, únicamente el cumplimiento de la legislación de patrimonio y la ampliación del “Centro Histórico” facilitarían poner fin al abandono de la Vega Baja y La Peraleda y su desarrollo como espacio de valor patrimonial, paisajístico y ambiental para los ciudadanos de Toledo y del mundo. La supresión de las viviendas previstas y del anunciado cuartel de la Guardia Civil, junto con la puesta en valor de los 4 BIC de la zona y de los restos arqueológicos del pasado, por un lado, y la aplicación de estrategias de naturalización, por otro, permitirían así mismo la unión de barrios y harían de Toledo una ciudad acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

El Artículo en La Tribuna de Toledo: