Vega Baja está enladrillada, quién la desenladrillará, el desenladrillador que la desenladrille, buen desenladrillador será
Isabelo Sánchez
En el año 2008 se realizaron prospecciones geofísicas
por parte de la empresa Toletum Visigodo, en las zonas que habían quedado fuera
de la declaración BIC. El entonces gerente, Diego Peris, quería asegurarse de
si existían restos arqueológicos o no, con el fin de no meterse en un callejón
sin salida como había sucedido unos años antes en Vega Baja I. Lo curioso es
que en el año 2001 también se realizaron prospecciones por todo el espacio del
proyecto urbanístico, hallándose restos arqueológicos en prácticamente todos
los sondeos que se realizaron. Lo que sucedió entonces es que todo el mundo
cerró los ojos, y vendieron las parcelas a los distintos promotores para que
fueran estos los que cargaran con el coste de las excavaciones arqueológicas
obligatorias.
Sin embargo, a pesar de esta buena
intención del gerente, probablemente,
las presiones económicas volvieron de nuevo, porque, aunque claramente la
prospección, y los sondeos posteriores, mostraron que los restos arqueológicos,
igualmente se extendían por todas las áreas que se pretendían urbanizar en ese
momento, se intentó llevar adelante el proyecto urbanístico de las Unidades de
Actuación 7 y 37, ignorando esta realidad. Es decir, con la excusa de que se
estaba excavando Vega Baja I, y que había un proyecto cultural en marcha, se
pretendía destruir el resto del yacimiento, que claramente se había localizado
mediante las prospecciones y sondeos, fuera de las zonas BIC. También en este
caso se pretendía cumplir la ley, es decir, excavar, documentar, y construir,
sin tener en cuenta que ya era evidente que toda la Vega Baja era una unidad. Diego Peris dimitió poco después.
Desde hace años, en una de las
parcelas de Vega Baja, ante la inacción de las autoridades, se ha desarrollado
un aparcamiento irregular de grandísimas dimensiones. En dicho espacio aparcan
miles de vehículos cada día, y estacionalmente se producen encharcamientos y
socavones. En contra de lo que dice el Plan de Movilidad Sostenible que tiene
aprobado el Ayuntamiento de Toledo, de la protección paisajística de la zona, y
de la realizad arqueológica de la parcelas, la administración local está
empeñada en consolidarlo mediante su adecentamiento, consistente en instalar
una capa de zahorra, y en la mayor parte de él, adoquín. Ahora se aprueba la
segunda fase, porque una parte ya se ejecutó antes por parte de la empresa
gestora de los aparcamientos de pago.
En el año 2015, nada más llegar al
gobierno, Milagros Tolón resucitó la cuestión de la urbanización de Vega Baja.
Al poco se aprobó la urbanización y construcción de cuatro bloques de viviendas
en la Unidad de Actuación 34 del Plan de Ordenación Municipal de 2007. En 2017
la justicia anuló definitivamente este plan, y el gobierno local, en lugar de
ponerse a redactar uno nuevo, se embargó en dos modificaciones puntuales del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1986, que en esencia significaban
recuperar por la puerta de atrás el plan anulado. La Modificación Puntual 28
aprobada por el gobierno municipal actual ha recuperado 1.698 viviendas, tanto
sobre los espacios catalogados BIC, como fuera de ellos, y usos dotacionales y
terciarios, principalmente en los espacios que no son BIC. Esta modificación ha
traído de nuevo la protesta ciudadana, que creía que el yacimiento arqueológico
ya estaba a salvo. La estrategia municipal es, a pesar de que han sido ellos lo
que lo han aprobado, decir que no se van a construir todas esas viviendas, y
que los usos dotacionales y terciarios se ubicarán en zonas que no están
protegidas. En concreto, la polémica se ha acrecentado con la intención de
ubicar un cuartel de la Guardia Civil en una de estas parcelas que, aunque no
están catalogadas actualmente como BIC, claramente forman parte del mismo yacimiento
arqueológico. Desde el primer momento se ha acudido por parte de los políticos a la estrategia de minusvalorar los retos
existentes, diciendo que en esa zona no hay restos, o que los restos no son
importantes, o que se cumplirá la normativa de protección del patrimonio. Estas
declaraciones son exactamente las mismas que se hacían cuando en el proyecto
Vega Baja I empezaron a aparecer restos arqueológicos por todas partes. Si se
hubiera hecho lo mismo que dicen ahora nuestros gobernantes, el yacimiento de
Vega Baja no existiría a fecha de hoy.
Lo lógico, antes esta nueva desconfianza
hacia lo que hay en el subsuelo, sería que, antes de hacer o planificar nada,
se analizara el subsuelo para que no pase lo que sucedió en 2006. No es
razonable que teniendo en cuenta la historia, y las evidencias existentes, se
nieguen o minusvalores los restos arqueológicos, pero, al mismo tiempo no se
haga nada por buscar certezas. Las denuncias que se han presentado por parte de
la plataforma “Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura”, ante el Ministerio de
Cultura, por posible expoliación, y ante la UNESCO, y los informes que han
emitido ICOMOS, órgano consultivo del órgano internacional, y la Real Academia
de San Fernando, a petición del Ministerio de Cultura, dejan en muy mal lugar a las administraciones local
y regional. Ante esta situación, el presidente regional, que es el responsable
de la tutela del patrimonio histórico, no ha tenido más remedio que hacer unas
declaraciones hace unos días en las que anunciaba que la Consejería de Cultura
realizaría un “estudio exhaustivo y una radiografía de todo el perímetro de
este yacimiento arqueológico”. Ante estas declaraciones, miembros del gobierno
local salieron a los medios para pedir que los trabajos se agilizaran.
La situación parece clara. Después
de las palabras del presidente regional, no debería moverse ni una sola piedra
hasta haber realizado la radiografía mencionada. ¿Si no, qué sentido tendría
dicha radiografía? Cuando se realizó el estudio geofísico en 2008, uno de los
problemas con que se encontraron fue con las zonas asfaltadas y con
los vehículos aparcados. Es decir, el georradar no puede usarse cuando se ha
colocado una capa de 20 cm de zahorra, o una capa de adoquín. Una vez enladrillado el yacimiento, será imposible saber con
exactitud lo que contiene el subsuelo. De esa forma, los responsables políticos
podrán seguir diciendo que ahí no hay restos, que claro, parece que es lo que
buscan.
A pesar de las declaraciones del presidente regional,
en esta misma semana hemos sabido que se ha adjudicado la segunda fase del
macro-aparcamiento de Vega Baja, consistente en adoquinar una parte de él, y
otra parte terminarla con una capa de 20 cm de zahorra. Según las declaraciones
de la alcaldesa, los restos arqueológicos, que se encuentran en una esquina no
se van a tocar. Y estas declaraciones son asombrosas. Salvo que los restos se
hayan escondido allí para estar a salvo de la pala de la alcaldesa, que los
restos sólo se encuentren en una esquina es FALSO. Según las prospecciones
geofísicas y los sondeos de verificación realizados en 2009, en la esquina
mencionada hay restos, corroborados por un sondeo realizado, pero estos se
extienden en todas direcciones; norte, sur este y oeste, como es lógico, y además muestra el análisis geofísico.
Las competencias en la tutela del patrimonio histórico son de la Junta de
Comunidades. La ley de patrimonio Histórico Español, dice en relación al
Patrimonio Arqueológico en su artículo cuarenta y tres que “La Administración competente podrá ordenar la
ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno
público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de
yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos
con ellos relacionados. De igual forma se recoge en la Ley de Patrimonio
Cultural de CLM, en el artículo 54, que “La Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural podrá ordenar la ejecución de las intervenciones
recogidas en el artículo 49 en cualquier terreno público o privado del territorio
de Castilla-La Mancha, en el que exista o se presuma la existencia de restos
con valor cultural.”
Hay algo que no cuadra entre las declaraciones de
Emiliano García Page, y las prisas por enladrillar Vega Baja. El aparcamiento
irregular de Vega Baja lleva años en la misma situación. Ante la negación por
parte del gobierno local de que los restos arqueológicos se extienden por toda
la Vega Baja, y la evidencia científica en contra, ¿por qué tienen tanta prisa?
¿No sería más lógico presupuestar un poco más de dinero y prospectar el
subsuelo antes de enladrillarlo, colaborando así con las declaraciones del
presidente regional de hacer una radiografía exhaustiva al territorio?
Lo que queda claro es que, si el
aparcamiento se enladrilla antes de realizar las prospecciones anunciadas por
el presidente, y que la Junta tiene potestad para ordenar, la palabra de
Emiliano García Page, quedará por los suelos, y la tutela sobre el patrimonio
que ejerce la Consejería de Cultura, totalmente en entredicho, porque, cómo
puede cumplirse así, es decir, escondiendo el patrimonio, con el espíritu de la
Ley del Patrimonio Histórico español, cuando dice “En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino
el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las
medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al
final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y
disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo.
Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos
al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se
facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro
hacia la libertad de los pueblos”
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