La Consejera Rosana Rodríguez no dice la verdad, no sabemos si intencionadamente, o porque no sabe lo que dice. El arqueólogo Juan Manuel Rojas, desmiente sus afirmaciones.

Audio al final de este artículo

Rosana Rodríguez fue concejala de turismo durante la pasada legislatura con Milagros Tolón, en el Ayuntamiento de Toledo. En la legislatura recién iniciada ha pasado a ser Consejera de Educación, Cultura y Deportes, en el gobierno de Emiliano García Page, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dentro de sus funciones o competencias, es la máxima responsable de la tutela del patrimonio histórico, es decir, del servicio que propone las incoaciones y declaraciones de Bienes de Interés Cultural, decide qué se puede o no hacer sobre patrimonio declarado o catalogado, y sobre los yacimientos arqueológicos, establece qué medidas tomar para conservarlo, o concede las autorizaciones de intervenciones sobre el patrimonio, etc., que siempre debe realizarse de acuerdo con lo que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la Ley de Patrimonio Histórico Español, o lo recogido en los distintos planes urbanísticos aprobados. 
La Consejera, aunque no es un técnico, debería tener un conocimiento relativamente bueno del funcionamiento del servicio que ejecuta las acciones de la consejería y, sobre todo, en aquéllos aspectos que son problemáticos o conflictivos, como sucede con Vega Baja.

El día 11 de septiembre, durante el curso de una comparecencia ante los medios de comunicación, fue preguntada por estos sobre la denuncia presentada por la plataforma "Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura", ante el Ministerio de Cultura, sobre posible expoliación del patrimonio histórico. Las respuestas dadas por la consejera muestran una importante falta de conocimiento sobre el patrimonio en general y en concreto sobre Vega Baja, o, yendo más allá, que directamente no ha dicho la verdad, no sabemos si por desconocimiento, o intencionadamente, en relación al valor de los restos arqueológicos existentes en la parcela donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Civil. 

Sin duda, ayer no debió ser un buen día para las autoridades locales y regionales, que habían conseguido mantener oculta la denuncia presentada por la plataforma ante el ministerio de cultura, hasta que la cuestión ha saltado a un periódico nacional. 

La zona de las vegas del río había tenido una protección ambiental y paisajística desde los años cuarenta, que luego fue recogida por el PGMOU 1986, y fue un elemento importante para conceder a Toledo el título de Patrimonio de la Humanidad. Todavía, en la actualidad, se recoge esa protección en el Plan Especial del Casco Histórico. La declaración de ampliación de BIC, con categoría de Zona Arqueológica, en el año 2009, protegió una amplia zona del territorio de Vega Baja desde el punto de vista patrimonial, pero sin embargo, dejó sin la protección de esta figura otro espacio bastante grande, aún sin construir. Esto es un simple accidente "económico", en el sentido de que se protegió, estrictamente, el espacio que iba a ser afectado por el proyecto urbanístico, pensando en la futura urbanización del resto del territorio,  aunque todo el mundo sabía, y sabe, que esa línea que se marcó en un papel, no era real, ya que el yacimiento se extendía más allá. De ahí las declaraciones que en estos años se han hecho desde diferentes sectores, pidiendo un conocimiento más profundo del espacio de Vega Baja, para saber la realidad de la entidad y extensión del yacimiento. 

Todas las intervenciones arqueológicas que ha habido en el entorno han sacado restos arqueológicos, y las excavaciones en Vega Baja I mostraban como los restos se prolongaban hacia la carretera, con indicios claros de que continuaban más allá, sobre el terreno donde hoy se quiere construir el cuartel de la Guardia Civil. En 2009, el arqueólogo Juan Manuel Rojas realizó, por encargo de Toletum Visigodo,  una serie de sondeos arqueológicos para comprobar una prospección geofísica que se había realizado previamente, mostrando restos de entidad por toda la zona. Estos sondeos  mostraron claramente que el yacimiento se extiende por un amplio espacio fuera de lo que hoy es BIC. Para el caso de la parcela donde se pretende construir el cuartel, se realizaron dos sondeos, uno de ellos positivo, y otro mostrando una zona de extracción de áridos. Estos dos sondeos ocuparon unos 200 metros cuadrados, mientras que la parcela tiene una extensión de 37.000.  En último caso, la carta arqueológica de Toledo, registra toda la zona de la Vega Baja, y algo más, como un ámbito de protección, es decir, un espacio donde existe restos arqueológicos con toda seguridad, por lo que cualquier intervención en la zona, independientemente de que esté o no dentro del espacio BIC, precisa de una intervención arqueológica.

La diferencia entre los restos arqueológicos del espacio BIC y los que se encuentran fuera de él, es que  en el primer caso todos los restos se consideran como una unidad, la ciudad Visigoda, y por lo tanto la extirpación de una parte de la misma, afecta a la integridad del conjunto. Sin embargo, en la zona exterior, al no ser considerado el mismo BIC, lo que sucede es que se trata, administrativamente, como si fuera un yacimiento distinto, y por lo tanto se le puede dar el mismo tratamiento que se da a otros yacimientos que, aisladamente, y al no tener mucha importancia, se documentan y, o bien se protegen y entierren, o bien los restos se eliminan. Por eso la administración no ha querido conocer nunca en profundidad la realidad del subsuelo, porque la evidencia podía hacer evidente la prueba de que el yacimiento no sólo es la zona declarada, sino que es toda la Vega.

Cuando la Consejera habla de que el terreno no es BIC está en lo cierto, por el accidente que comentamos antes, de dejarlo desprotegido, tal vez intencionadamente, o en última instancia, porque no han querido hacer nada por conocer la realidad del subsuelo. Pero las declaraciones que siguen a eso son todo un despropósito.  La cosa se complica cuando la Consejera habla de que el estudio previo sólo afloró una zona de basura visigoda y un pequeño enterramiento islámico ya preservado. No hemos conseguido encontrar la documentación que hace referencia a esas intervenciones y, que se sepa, la última intervención fue realizada en el año 2009, por el arqueólogo Juan Manuel Rojas, y como hemos dicho en ese espacio de 37.000 metros cuadrados, donde la prospección geofísica mostraba muros, realizó dos sondeos, encontrando en uno restos islámicos, y en otro una zona de extracción de áridos. Es decir, se intervino en menos de un 0'6 por ciento del terreno, por lo que es imposible que exista algún informe negativo, en el sentido de que no hay restos, porque sería ridículo que un arqueólogo hubiera dicho eso habiendo excavado un grano de arena de una playa entera. 

Es por eso que la Consejera, o no tiene ni idea de lo que dice, o ha mentido, o dicho una barbaridad, sin intención, o con ella, pero en todo caso, para intentar facilitar la construcción del cuartel de la Guardia Civil.

Frente a las declaraciones de la Consejera, sobre que la zona no tiene valor arqueológico,  las que realiza el arqueólogo Juan Manuel Rojas, inmediatamente después, son totalmente contundente, y dejan patente la torpeza de la Consejera.

El científico afirma que:

"Por eso, ahí, si no se hace un estudio, en lo que es la parcela asignada al cuartel de la Guardia Civil, si no se hace un estudio con mayor precisión, y mayor alcance del que se ha hecho hasta ahora, pues yo creo que no se puede hablar de, no se puede hablar con seguridad de que sí existen o no existen restos arqueológicos en ese lugar".

Más claro el agua...Seguid escuchando, en relación a sus declaraciones sobre lo que queda por estudiar, o que Vega Baja esconde una auténtica joya.